"El mayor reto que tiene la firma electrónica, en Panamá, es romper el paradigma. Concienciar a la gente que ésta tiene el mismo valor legal que la manuscrita y que cumple con las mayores certificaciones de seguridad. Esto no se va lograr de un día para otro; tomará tiempo", afirmó Ana Raquel Ulloa, directora Nacional de Firma Electrónica, que es una dependencia del Registro Público de Panamá.Las declaraciones de Ulloa se dieron durante su ponencia en el Colegio Nacional de Abogados, en donde explicó los antecedentes de la firma electrónica, sustentación de la misma, marco legal, reglamentación, uso y las responsabilidades del portador.
Ulloa aclaró que la firma electrónica se está implementando paulatinamente, iniciando con los funcionarios de instituciones públicas, posteriormente se aplicará para los servidores de las empresas privadas y finalmente se promoverá el uso de la misma en el resto de la población.
La funcionaria -junto a su equipo de colaboradores- sustentaron que "primero es necesario que el recurso humano de las entidades públicas y privadas estén capacitados en el uso de la firma electrónica, para después poder promoverla al público general".
Los abogados es uno de los gremios considerados mercado nicho para la promoción y uso de la firma electrónica, debido a los trámites legales que desarrollan -en diferentes dependencias del sector público y privado- para clientes naturales o personas jurídicas.
